Anna Rosa Domínguez Corona y Alfredo Méndez Bahena

En este ensayo nos interesa poner algunas reflexiones para abonar a los diálogos transdisciplinarios sobre las investigaciones desde un enfoque teórico-metodológico de la investigación acción participativa (IAP) (Vizer, 2002), las investigaciones en co-labor o las investigaciones militantes (Hernández V, 2008).  Más allá de los matices asociados a cada concepto, queremos referirnos a aquellas investigaciones comprometidas con el acompañamiento, el trabajo con las y los actores locales, con una clara postura política en defensa de los territorios y de la vida, denuncia de los malos gobiernos, de caminar hacia procesos transformativos que le apuestan a los sujetos sociales como actores protagónicos en la construcción de un mundo mejor (Fals Borda, 2009). Estos enfoques se han venido fortaleciéndose frente a una ciencia que, en muchas ocasiones, camina en un sentido inverso, que propone una ruta de investigación cuadrada, encerrada en una metodología donde, como marca su tradición, se debe mantener una distancia respecto de los procesos investigados en aras de una supuesta objetividad, que reprueba el involucramiento de los y las investigadoras y encajona las investigaciones como si solo hubiera una ruta para llegar a resultados exitosos.

Nuestro lugar de enunciación es desde una academia ligada al activismo político, ambiental y feminista, que hace una fuerte crítica a las investigaciones extractivistas, comprometida en sumar sinergias por la defensa y cuidado del agua, los territorios y los derechos. Quienes escribimos este artículo lo hacemos con una trayectoria de por lo menos 20 años de trabajo comunitario, de acompañar procesos de lucha y defensa del territorio. Uno de los aspectos que nos mueve a escribir es la dificultad de generar estas reflexiones con las y los colegas sobre el cúmulo de críticas de las organizaciones y las comunidades a ciertas prácticas de hacer investigación. El otro aspecto tiene que ver con lo difícil que resulta hacer investigación comunitaria, el poco apoyo y la falta de reconocimiento que tiene en los espacios académicos. 

Nosotres hablamos de otro tipo de investigaciones, con metodologías diversas enfocadas en el acompañamiento de los procesos, en apoyar la resolución de problemas concretos identificados por las y los actores locales, conflictos presentes en sus territorios o en el fortalecimiento de capacidades diversas. Todo lo que se trabaja desde este enfoque se hace acordado con las comunidades – ya sean las autoridades comunitarias, o bien con algún grupo de la comunidad enfocado en atender alguna necesidad o problemática-, reconociendo los saberes diversos, sumando un saber más o un enfoque de atención que, a lo mejor no se estaba considerando, siempre con la intención de sumar sin imponer y reconociendo a los conocimientos y saberes locales. Este compromiso metodológico es aún mayor cuando somos investigadoras feministas (Lagarde, 1990; Curiel, 2011; Rodríguez, 2020), ya que no podemos dejar de lado las sinergias sistémicas patriarcales que existen en todos los contextos culturales y cómo esto impacta de forma diferenciada en la experiencia de las niñas y las mujeres de los territorios. 

Dentro de este tipo de investigaciones es importante tener una postura política y ética, de acompañar, de colaborar, de sumar, de escuchar, de respeto y sobre todo de trazar rutas de trabajo con la gente. Desde un enfoque académico estamos criticando metodologías extractivistas, de ir a tomar información para investigaciones, proyectos o artículos, que sólo leerán personas interesadas en estos temas, que se desarrollan por un interés particular del investigador y que no tienen ningún impacto positivo en los sujetos sociales.

Por el contrario, consideramos que los intereses de investigación se deben plantear de forma colaborativa con las y los actores con los que se realizará la investigación, considerándolas como co-partes desde el diseño, la ejecución y los resultados. La academia se ha plantado con una postura hegemónica, como la poseedora del único conocimiento válido y ha minimizado e invisibilizado los conocimientos producidos desde otras matrices epistémicas.

En los temas del cuidado del medioambiente tenemos un conflicto importante, ya que por lo menos en México, se considera que los problemas ambientales se resuelven con la intervención de las dependencias de gobierno encargadas específicamente de eso y de las y los especialistas en temas de conservación de biodiversidad, entre otros. Pero en los hechos, en todo el país tenemos comunidades expertas en temas de manejo sustentable, conservación o restauración, poseedoras de un gran conocimiento de los ecosistemas existentes en sus territorios. Desde un ejercicio empírico que ha pasado de generación en generación se han venido fortaleciendo conocimientos del entorno que les permiten gestionar sus territorios, manteniendo la integridad de los ecosistemas, de donde se obtienen diversos bienes y servicios ambientales y donde habitan diversidad de especies de flora y fauna. En muchas de estas experiencias no se adopta la visión antropocéntrica de poner a las y los humanos como únicos con derechos sobre el territorio, así mismo generan aportes para cuestionar las posturas conservacionistas según las cuales para tener territorios conservados no debe existir intervención humana, eliminando la posibilidad de considerar que esos territorios conservados lo están por el cuidado de las comunidades que ahí habitan.

Desde un enfoque de ciencia comunitaria o etnociencia (Pérez y Argueta, 2020) se gesta la comprensión histórica de espacios, intervenidos con respeto para la coexistencia de todos los elementos que habitan el territorio. Cuando hablamos de las luchas por la defensa del territorio ante amenazas de despojo, contaminación u otros, los primeros investigadores son los actores locales que se encargan de recabar la información y de buscar documentos, identificar en donde necesitan alguna opinión más específica o especializada al respecto. Pero, es bastante común que las comunidades no sean escuchadas, o que su palabra no se considere válida, cuando se habla por ejemplo de las consecuencias, ya sea al territorio o a la salud; por el contrario, necesita ser expuesta por alguna académica o académico que sea un referente en el tema. Esta postura no es casual, por el contrario, es provocada adrede, invisibiliza o descalifica a estos sujetos y su conocimiento, es una forma efectiva de invalidar sus reclamos y aparentar que la única opinión válida es aquella proveniente de las posturas hegemónicas. Desde la academia ciertos sectores han fomentado mucho este tipo de descalificaciones o minimizaciones de los análisis que se generan en las comunidades sobre sus propios problemas, aunque también es justo decir que sectores minoritarios dentro de la academia han sabido sumarse a estas luchas y contribuir a visibilizar las demandas y las luchas.

Las comunidades son las que generan análisis valiosos sobre sus diferentes problemáticas, logran identificar las causas y las posibles consecuencias que tendrían de no atenderlas, llegando además a identificar también las rutas de atención, desde enfoques muy creativos y comunitarios con pequeñas acciones y acuerdos que comprometen a toda la comunidad a poner su granito de arena para ser atendido. Es importante hacer notar que, como todos los oficios y profesiones, el investigador o investigadora desarrolla una serie de competencias que le permiten realizar su labor de forma adecuada. Es por ello que, cuando se suma de forma horizontal a los procesos de indagación comunitaria, puede ayudar a fortalecer el diseño, la recolecta y procesamiento de información, así como en la sistematización de los resultados, contribuyendo, no sólo a lograr los fines de la indagación, sino a formar a otres participantes en el uso de ese tipo particular de herramientas.

Vicisitudes

Llevar a cabo investigaciones bajo el enfoque comunitario no es tarea sencilla para los y las investigadoras, ya que implica una serie de retos, empezando por la cantidad de trabajo extra y recursos necesarios para hacer el acompañamiento, que por ser una postura marginal dentro de la academia, históricamente no ha contado con financiamiento institucional.

Para quien no se ha involucrado en este tipo de procesos, resulta difícil dimensionar los costos y dificultades que implica una investigación en co-labor o militante en los procesos de lucha, por ello, queremos compartir algunas reflexiones sobre este tipo de trabajos. Nos interesa dejar en claro que no es un asunto sólo de “tener la voluntad” o de actitudes “altruistas”, sino que se requiere de trascender nuestra propia formación académica y desarrollar herramientas de otro tipo, desde lo epistémico hasta los impactos en la vida personal, pasando por lo técnico y lo metodológico.

En el plano epistémico, el primer reto es romper con la postura vertical y autoritaria de la academia, que fiel a su tradición eurocéntrica, invisibiliza los conocimientos construidos desde otras matrices culturales. Se requiere además una actitud de desapego, porque una de las premisas adquiridas en los procesos académicos es la idea de que el estudio permite ascender en una lógica meritocrática, asumiendo que la escuela es un mecanismo de movilidad social. Posterior a ello vienen las dificultades cognitivas, porque tener la disposición no garantiza la comprensión del “otro”. Esto requiere la construcción activa de puentes entre los tipos de conocimiento, empezando por definir intereses compartidos y objetivos que convoquen a las partes, con lo cual se empieza a establecer un lenguaje común.

Por otro lado, están enfoques transdisciplinarios, desarrollo de herramientas diversas, trabajo en equipo, disponibilidad de tiempo, paciencia, tiempos comunitarios ^[1], una diversidad de productos no académicos dirigidos a las comunidades con lenguajes sencillos (que no son reconocidos como producción académica y por lo mismo no les representan beneficios laborales), horizontalidad, compromiso, consulta, entre muchas otras actividades simultáneas. Esto no resulta muy atractivo para investigadoras e investigadores acostumbrados a visitas puntuales o estancias cortas, la realización de un par de entrevistas que les permitan la elaboración de artículos diversos, resultados de estas estancias limitadas.

Poner el cuerpo implica muchas cosas que no dimensionamos ya que no se trata de ir a sacar algunas entrevistas, historias de vida, o generar algunos talleres para que los instrumentos aplicados ahí nos permitan obtener información, sino que vamos caminando en la construcción de algo, donde la información obtenida se analiza en colectivo. Con mucha regularidad implica la sistematización de información diversa, ofrecer talleres, capacitaciones, recorridos, asistir a reuniones, asambleas, gestiones gubernamentales, sortear las violencias que existen en los territorios, frecuentemente promovida por la delincuencia organizada y/o por los intereses empresariales que pretenden despojar a las comunidades de sus bienes comunes. 

Son enfoques metodológicos que garantizan por un lado la atención de problemas locales, la difusión y apropiación de la información, la implementación de técnicas, herramientas y estrategias que le apuestan a la colaboración e intercambio, a la creatividad, pero, sobre todo, a la autogestión. Se identifica con claridad qué le toca a la comunidad, en qué puede aportar la academia y qué les toca a las diferentes instancias de gobierno. Como investigadoras e investigadores nos toca buscar una formación complementaria a nuestras disciplinas para poder ofrecer enfoques y conocimientos más integrales, pertinentes a la complejidad de lo que se aborda.

A diferencia de las investigaciones “puramente académicas”, en la investigación colaborativa que se desarrolla en territorios concretos, existe un conjunto de intereses por parte de los actores locales, que tienen que ver con la defensa de su territorio, su calidad de vida, su seguridad, etc., es decir, se trata de procesos en cuyo resultado van de por medio aspectos importantes de la vida de las personas. En correspondencia con ello, los actores locales suelen ser cuidadosos respecto de las personas externas a quienes permitirán participar en el proceso. Esta condición hace que la vinculación entre los actores no se produzca rápidamente, sino que, por lo normal, se trate de relaciones que van madurando poco a poco, mientras se va generando la confianza necesaria para producir un involucramiento más profundo y fructífero. Es común que, durante los primeros acercamientos, prevalezca cierta desconfianza o incluso los prejuicios que suelen existir de un gremio a otro.

Otro factor por analizar es el componente institucional. Aunque los académicos pueden estar desarrollando su trabajo mientras estudian -ya sea parte de una tesis o no- o como parte de su responsabilidad laboral, en ambos casos, las instituciones académicas suelen tener normas o procedimientos que dificultan la investigación colaborativa en los territorios. La mayoría de las instituciones académicas no están preparadas -incluso pareciera que tampoco están del todo dispuestas- para albergar este tipo de procesos. Durante la realización de estos proyectos suelen encontrarse numerosas dificultades, desde las relativas a los mecanismos burocráticos de control de personal y la excesiva carga de tareas que suele existir, el financiamiento de las actividades, hasta el impacto que pueda generar en la imagen institucional el hecho de miembros de su comunidad puedan participar en procesos que se oponen a planes de inversión o iniciativas gubernamentales. Es así como, lejos de generar un nicho adecuado para la ejecución de un proyecto comprometido con sectores sociales y con alta incidencia, diversas autoridades universitarias se empeñan en aplicar normas restrictivas y discrecionales que dificultan el trabajo.

Por último, nos interesa resaltar los retos y las dificultades que enfrentamos si las que acompañan procesos son mujeres, ya que implica por un lado asumir muchos más riesgos porque sus cuerpos y experiencias reciben muchas violencias simultáneas. No es lo mismo desplazarse por los territorios siendo hombre que siendo mujer, permanecer en las asambleas, eventos, manifestaciones hasta altas horas de la noche, buscar espacios seguros para pernoctar, poner a disposición nuestras economías ya que siempre hay disposición para el cuidado de los suyos. Estamos expuestas a discriminaciones, acosos, amenazas, difamaciones, en muchos territorios nuestra palabra no es valorada como la de nuestros pares varones, se invisibiliza nuestro trabajo, con mucha frecuencia se les adjudica a los varones de cada equipo todo el trabajo realizado, también se les eligen a ellos para ser los interlocutores con la comunidad. Cuando los trabajos no son proporcionales ya sea que la logística, la elaboración de instrumentos, sistematización, estrategias de comunicación las realizan las investigadoras. Sin omitir las labores de cuidado en sus comunidades y familias que tiene que dejar de lado para sostener un acompañamiento en la investigación. Ellas deben dejar encargados a sus hijos e hijas al cuidado de alguien más o llevarles a su trabajo en comunidad, lo que en ambos casos implica dejar resulta una compleja logística que nunca es tomada en cuenta. Las implicaciones de llevar a cabo este tipo de investigaciones comunitarias, tienen un impacto mayor en la vida de las investigadoras.

Estas son varias de las razones por las que resulta difícil lograr la colaboración de algunas académicas y académicos, además de las reticencias que suelen existir para realizar colaboraciones con proyectos que implique moverse geográficamente y emplear fines de semana para ello; también encontramos casos en los que una actitud academicista cerró la posibilidad de colaborar con los actores sociales en términos de equidad epistémica.

Finalmente, un tema sobre el que nos interesa reflexionar en esta contribución se refiere a algunas posibles consecuencias de la instrumentación de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) de Investigación e Incidencia como política pública en México. En primer lugar, es de reconocer el enorme acierto que, a nuestro juicio, representó modificar la política de financiamiento a la investigación; en lugar de seguir financiando temas dispersos, muchas veces definidos por el interés de las y los académicos o incluso de las empresas, se definieron temas prioritarios de la agenda pública y se convocó a conformar colectivos de investigación e incidencia en donde se garantizara la participación de diferentes sectores sociales, buscando generar visiones más complejas y con mayor posibilidad de incidir en la solución de los grandes problemas del país. Se alzaron diversas voces denunciando que con ello se cortaba la libertad de las y los académicos para investigar temas que estuvieran fuera de esa agenda; consideramos que no fue así, lo que cambió fue la priorización de los temas que recibirían recursos públicos. Esto permitió que hubiera financiamiento público para estudiar temas como la desaparición forzada, las zonas de emergencia sanitaria-ambiental, los residuos sólidos, las violencias, entre varios otros. Los resultados de este enfoque apenas empiezan a conocerse, pero se avizoran cosas interesantes, no solo por los resultados sino por la conformación de colectivos diversos, que lograron articularse o fortalecerse gracias a esta coyuntura y que pueden seguir generando propuestas y procesos de acción colectiva en los años venideros.

Este cambio en la política de investigación pública tuvo efectos también en los lineamientos o las reglas de operación de varios otros programas del sector, como el sistema nacional de investigadores (SNI), el programa nacional de posgrados de calidad, el otorgamiento de becas para estudios de posgrado, principalmente. En todos estos casos, las evaluaciones empezaron a considerar criterios como la vinculación con sectores sociales, la atención de problemas nacionales estratégicos, o realizar actividades concretas que contribuyan al acceso universal a la ciencia, es decir, la democratización de la actividad científica y sus beneficios. Un efecto positivo de ello es que, al valorarse positivamente este tipo de actividades, fue un estímulo para que numerosos académicos reforzaran su trabajo en estos rubros, contribuyendo así a romper el aislamiento entre estos sectores.

Sin embargo, un efecto colateral negativo es el peligro de banalizar este tipo de trabajos colaborativos al impulsarse sólo desde una lógica utilitaria. Durante estos últimos años y una vez que se implementaron los cambios arriba descritos, se pudo observar un viraje forzado en numerosos miembros de las comunidades académicas, para tratar de dar un enfoque de “incidencia social” a sus trabajos. Diversas localidades debieron lidiar con grupos de académicos que, súbitamente se presentaron buscando firmas de respaldo a supuestos proyectos de incidencia social emanados de la comunidad. La crítica no es al intento de cambio, sino a que dicho esfuerzo en algunos casos sea meramente superficial, es decir, sólo para cumplir el requisito para acceder al SNI, al financiamiento de proyectos o para que el programa de posgrado sea valorado de forma positiva.

Lo que nos parece relevante del cambio en las políticas de investigación, es justamente que motiva a una reflexión profunda sobre el papel de las ciencias, las humanidades y la tecnología en nuestras sociedades, sobre el compromiso social que deberíamos tener los y las investigadoras pero, sobre todo, porque invita a valorar el enorme potencial de transformación que tiene la sociedad cuando se logran sumar colaborativamente las capacidades, voluntades y visiones de los diferentes actores, para construir una opción de futuro más humana y más digna. Pero construir esto requiere, como ya dijimos, no de la academia oportunista que simula una incidencia, mucho menos de una academia extractivista que sólo buscan puntos para las becas y estímulos, sino colegas con vocación y claridad política del momento histórico que nos tocó vivir, sumando conocimientos con humildad y horizontalidad para atender los problemas que aquejan nuestro país y tratar de transformar nuestras realidades.

Notas al pie