Luisa Paré y Gerardo Alatorre. Agua para Todxs, Agua para la Vida, Veracruz.

Cubriendo uno de los requisitos para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México promulgó en 1992 una ley neoliberal, la Ley de Aguas Nacionales (LAN), cuyo sistema de concesiones ha permitido concentración, privatizaciones, despojos, contaminación, sobre-explotación de mantos y otras diversas afectaciones a la justicia hídrica y al ciclo socio-natural del agua. 

Esta Ley aún es vigente, y no será con ella como podremos hacer frente al ya omnipresente cambio climático, ni como podrá asegurarse el ejercicio del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, instituido en el artículo 4º constitucional en 2012; por ello la reforma a este artículo instruyó al Congreso de la Unión promulgar una nueva ley, la Ley General de Aguas (LGA), en un plazo de un año. Hasta la fecha, quienes legislan en este país acumulan más de 11 años de incumplimiento(!). 

La misma reforma constitucional mandató la participación ciudadana en el diseño e instrumentación de las políticas hídricas, lo que dio pie al nacimiento de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida. Mediante la organización de foros, encuentros y coloquios en todo el país y el involucramiento de especialistas en muy diversas áreas, Agua para Tod@s logró poner sobre la mesa legislativa una Iniciativa Ciudadana de LGA, respaldada con casi 200,000 firmas autógrafas, misma que obtuvo respaldo de diversas fracciones parlamentarias, incluyendo las mayoritarias.

En 2021 se tejieron consensos en la Cámara de Diputados que llevaron a una correlación de fuerzas favorable a la aprobación de una nueva ley del agua. Pero no sucedió nada; fue patente la debilidad de las instancias de poder formal frente al poder real; los gigantescos intereses existentes sobre el agua han logrado, en los hechos, en plena época de transformaciones, bloquear cualquier cambio en la política hídrica. Mientras el agua se convierte en asunto de vida o muerte para amplios sectores sociales, la hidrocracia se aferra a los privilegios que le otorga la LAN.

Han pasado desde entonces tres legislaturas que no han aprobado la nueva LGA. Mientras tanto la organización en defensa del agua se ha fortalecido en todo el territorio nacional. El 2022 se realizó el VI Congreso de Agua para todos Agua para la vida en Torreón Coahuila. Un acuerdo de este Congreso fue formar Contralorías Autónomas del Agua con el fin de que la ciudadanía construya la plataforma necesaria para la interlocución con Conagua, impugnando la forma como se favorece a los grandes intereses económicos y se obstaculiza el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. De este modo, en dos años, se han ido formando contralorías en dieciocho estados. En octubre de 2024, a la par que se celebró el VII Congreso de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida, se realizó en San Luis Potosí la Asamblea Constitutiva de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua con la participación de más de 80 grupos promotores de 27 estados del país. A continuación, el comunicado de dicho evento.

Hoy nos unimos 84 Contralorías Autónomas del Agua de 28 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México para conformar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Cuatro Legislaturas del Congreso de la Unión han incumplido con el mandato del Arículo 4º Constitucional de emitir una Ley General de Aguas que sentaría las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación tanto de los tres órdenes de gobierno como de la ciudadanía. Frente a las crisis hídricas que vivimos en todo el país, estamos ejerciendo nuestros derechos y asumiendo nuestra responsabilidad para la construcción del Buen Gobierno del Agua.

Nos fundamentamos en nuestro Código de Ética, el cual nos exige trabajar por el bien común; respetar y defender la naturaleza, las comunidades y los pueblos; intercambiar saberes y conocimientos; consensuar acuerdos y cumplirlos; colaborar con otros procesos organizativos y de contraloría y resolver nuestros conflictos a través de un diálogo abierto.

Celebramos el anuncio por parte de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo de construir el Acuerdo Nacional para la Seguridad y Sustentabilidad del Agua, el cual busca corregir los graves problemas sociales y ambientales causados por el sistema de concesiones de agua que es privatizador y se apoya en la Ley de Aguas Nacionales. Estamos de acuerdo con su propuesta de no permitir la compra y venta de derechos asociados con las concesiones (mercados de agua) ni el cambio en los usos del agua (transmisión de derechos que afectan los usos doméstico y urbano y el caudal ecológico). Proponemos se otorguen vigencias máximas a las concesiones y asignaciones destinadas a garantizar el derecho humano al agua, la alimentación y la restauración ecológica, y vigencias mínimas a proyectos o actividades que sean dañinas a la salud humana y de los ecosistemas y afecten la calidad y cantidad de agua disponible.

Nos comprometemos con procesos de planeación, desde cada región del país, para consensar estrategias que eviten el sobreconcesionamiento y el despojo del agua a los pueblos, comunidades y ejidos, así como la proliferación de tomas y pozos profundos clandestinos que resultan en la violación sistemática de nuestros derechos humanos y colectivos. En particular señalamos que el número de concesiones y volúmenes de agua asignadas a personas físicas y morales ha crecido a niveles exponenciales, lo que conlleva a su acaparamiento a través de la sobreexplotación de las aguas subterráneas, la afectación de los caudales de manantiales y ríos y el deterioro de los ecosistemas (acuáticos, terrestres y costeros) y otros cuerpos de agua (lagos, cenotes, manglares y lagunas costeras). Este escenario de crisis del agua es aún más complejo con los efectos del cambio climático en los recursos hídricos (cambios en el patrón de precipitación y presencia de eventos extremos como sequías e inundaciones), lo que nos hace aún más vulnerables.
Confiamos en que el Acuerdo Nacional incluirá el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos indígenas y afromexicanos en el contexto de las reformas al Artículo 2 Constitucional, así como de los derechos de los núcleos agrarios, los cuales fueron inconstitucionalmente desconocidos por la Ley de Aguas Nacionales expedida en 1992 y vigente hasta la fecha.

Señalamos en particular la necesidad del reconocimiento jurídico de los sistemas comunitarios de agua que históricamente han garantizado el disfrute del derecho humano al agua de miles de pueblos y comunidades en todo el país, así como el apoyo del gobierno federal para que se evite la discriminación, hostilidad e intentos de desaparición de estas instituciones locales por parte de los gobiernos municipales. Afirmamos que los sistemas están realizando funciones que el Estado no cumple (el abastecimiento de agua en zonas rurales y periurbanas) y por lo tanto requieren ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho público.

Celebramos también el compromiso de la Titular del Ejecutivo Federal con el saneamiento y restauración de los ríos Lerma-Santiago, Tula-Salado y Atoyac. Las comunidades, organizaciones sociales y academia que integramos la Contraloría Nacional ofrecemos nuestro apoyo y conocimiento para un entendimiento más profundo de los problemas del agua. Nuestros productos de investigación transdisciplinaria que hemos realizado en coordinación con los Programas Nacionales Estratégicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Agua, Agentes Tóxicos, Sistemas Socioecológicos, entre otros) demuestran el tipo de sustancias tóxicas presentes en esos ríos, así como de las dinámicas productivas y del manejo de aguas y lodos residuales municipales e industriales contaminantes. Las estrategias que proponemos se basan en la eliminación de contaminantes en su punto de origen, en la reorganización y una regulación ambiental de cadenas de suministro y los patrones de producción sucia; en la transición hacia una agricultura sin tóxicos, en el tratamiento y reúso de aguas industriales, así como en el fin de la impunidad y la corrupción.

Consideramos importante impulsar una política que promueva el uso racional del agua y estimule la eficiencia, el reúso y el tratamiento en sectores altamente consumidores y contaminantes de agua como son las industrias petroquímica, química, papelera, textil, minera, metalúrgica, alimentaria y turística. De igual manera es necesaria una regulación de estas actividades para que se restrinjan los aprovechamientos en regiones con baja disponibilidad de agua o en condiciones de sequía para garantizar el derecho humano al agua. También consideramos necesario que haya vigilancia en las líneas de conducción hacia las ciudades y pueblos para evitar la extracción ilegal de agua, así como brindar un adecuado mantenimiento a las redes de agua potable para evitar fugas y pérdidas. Ello requiere de la coordinación de los tres niveles de gobierno, así como de mayores recursos para aumentar la capacidad técnica e institucional para la supervisión, vigilancia y mantenimiento de las obras hidráulicas y sanitarias.

Coincidimos en el compromiso de lograr un aprovechamiento más racional del agua en la agricultura, con el fin de que se garantice agua para la producción de alimentos, el consumo humano y los caudales ecológicos. Es necesario tener un diagnóstico integral para determinar cuánta agua se consume y para qué cultivos, quiénes tienen los derechos y el control del agua, en qué condiciones está la infraestructura de riego y cómo se encuentra la disponibilidad de agua superficial y condiciones de explotación del acuífero por pozos legales e ilegales. La tecnificación de la agricultura no garantiza por si misma el ahorro de agua, ya que la ley de aguas nacionales no considera la reducción de los volúmenes concesionados y su cambio para otros usos. Incluso el “ahorro de agua” podría ser un estímulo para aumentar la producción agrícola.

Incluso aumentaría el consumo de energía, el riego presurizado eleva el consumo de energía eléctrica al cambiar el sistema de riego por goteo y aspersión. No obstante, consideramos que es fundamental que la tecnificación en la agricultura no conlleve al despojo de derechos de agua de los ejidos y comunidades y para ello proponemos el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Prohibiendo la venta de derechos y de “excedentes” de agua, así como los usos no agrícolas de las aguas de los Distritos y Unidades de Riego.
Reemplazando las actuales figuras jurídicas creadas en los Distritos de Riego y que son controladas por grupos de poder y caciques del agua, por nuevas formas de organización social más democráticas, incluyentes y transparentes.

Erradicando la corrupción en este sector y sus prácticas ilegales como acaparamiento de agua y proliferación de pozos profundos sin registro.

Revertir la política de transferencia de los Distritos de Riego y de Temporal Tecnificado para que el Estado recupere su papel rector.

Proponemos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejerza su papel como cabeza de sector y fomentar políticas de coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional Forestal y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Recomendamos un trabajo a fondo con la Comisión Federal de Electricidad para que logre más eficiencia en el uso de las aguas nacionales por las plantas termoeléctricas (al ser el principal uso industrial) y pague los derechos por el uso de aguas nacionales y descargas a los cuerpos receptores. También es esencial que la Comisión regule la asignación de contratos de electricidad a usuarios de pozos profundos que carecen de concesiones de agua para evitar la clandestinidad y sobreexplotación de aguas subterráneas.

A su vez es vital lograr una política fiscal entre la Comisión Federal de Electricidad y los organismos operadores de sistemas de agua y saneamiento para que reinstale la tarifa de servicios públicos cuya desaparición desde 2017 obstaculiza el cumplimiento del derecho humano al agua. De igual manera se requiere una tarifa especial con subsidio para los sistemas comunitarios de agua para que se evite el corte de electricidad por falta de pago y se afecte el disfrute del agua como un derecho humano y colectivo. En el caso de la agricultura de riego existe una tarifa de electricidad con subsidio federal, que beneficia a pequeños, medianos y grandes productores, pero que en condiciones de acaparamiento de agua eleva las desigualdades, sobre todo al beneficiar a la agricultura comercial y de exportación.

Confiamos en que esta administración mantendrá la política de no someter proyectos hidráulicos ni la operación de sistemas de agua y saneamiento a las dinámicas de privatización. Se requiere que la nueva Ley General de Aguas siente las bases para modelos de gestión de los servicios de agua y saneamiento, basados en la transparencia, la eficiencia, el acceso equitativo, el ahorro y reuso, tarifas justas y la participación ciudadana efectiva.

Hacemos un llamado a que el Senado junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en consulta con la población fronteriza y en general, consense una política de soberanía hídrica frente a las crecientes presiones sobre los acuíferos y ríos transfronterizos por parte del vecino del norte.

Como primer acto de esta Contraloría Nacional, denunciamos la decisión de Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit, de revivir el proyecto de la Presa Las Cruces, el cual fue suspendido en 2017 y afecta al único río libre en el país. Esta obra inundaría un vasto territorio, afectaría el flujo natural del río San Pedro y destruiría lugares sagrados y formas de vida de los pueblos Naayeri, Wixarika, Meshika y Óodam y el arraigo de más de 20 mil familias. De igual manera afectaría el sistema hidrológico que alimenta a Marismas Nacionales, un área natural protegida de alto valor ambiental que además es sitio RAMSAR y en el que viven pueblos de pescadores desde la época prehispánica. Exigimos al gobierno federal la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces por atentar contra los pueblos indígenas y campesinos y comunidades de pescadores y poner en riesgo un sistema hidrológico y humedal de alto valor ambiental. Asimismo, exigimos la abrogación del decreto presidencial del 2014 que reserva el agua del río para generación hidroeléctrica.

Dado que las presas hidroeléctricas en su primera década generan más gases de efecto invernadero que la generación con base en combustibles fósiles, consideramos que la transición energética no pasa por presas, sino por proyectos descentralizados de generación de energía solar y eólica. De igual manera no son ambiental y socialmente sustentables por las afectaciones a los sistemas hidrológicos, ecosistemas y desplazamientos de población y afectación a sus formas de vida rural.

Cuestionamos los recientes anuncios de otros gobernadores a favor de proyectos como son la Presa Paso Ancho en Oaxaca, las presas en Río Sonora, así como la consideración de nuevos trasvases hacia el área metropolitana de la Cuenca de México y otro posible trasvase desde el río Pánuco hasta la frontera con Texas. En cada uno de estos casos, confiamos en que el gobierno federal garantizará una revisión pública y profunda de los costos y beneficios hídricos, energéticos, económicos, sociales y ambientales de estas propuestas frente a otras opciones basadas en el ordenamiento, el ahorro, el reúso y la regeneración.

En lo referente a la actividad minera es necesario que el uso del agua superficial y subterránea en procesos mineros hidrometalúrgicos se regule en condiciones de sequía y no afecte el consumo humano, que es prioritario. Vigilar que los pasivos ambientales generados en los procesos hidrometalúrgicos, sean remediados oportunamente y supervisar el adecuado funcionamiento de las presas de jales para evitar accidentes que afecten a la población, a sus ríos, cuerpos de agua y acuíferos y ecosistemas.

Manifestamos la necesidad de reconocer la alta vulnerabilidad hídrica de la Península de Yucatán e importancia de manejar adecuadamente el territorio y los acuíferos kársticos para evitar la contaminación del agua por actividades agroindustriales, urbanas y turísticas y el riesgo de intrusión salina por la sobreexplotación de los acuíferos costeros. En este mismo sentido es vital regular a las industrias y petroquímicas que se ubican en el Golfo de México, ya que sus descargas contaminantes afectan la salud humana y los ecosistemas costeros, ríos y mares. Asimismo, la extracción de grandes volúmenes de agua subterránea provoca la intrusión salina como es el caso de la industria cervecera Constellation Brands, ubicada a 13 km de la costa en Veracruz. En el lado del Pacífico, como en Sinaloa (cuenca Río Mocorito) y Sonora (costa de Hermosillo) ocurren situaciones similares de sobreexplotación de acuíferos por sobreconcesionamiento de aguas y proliferación de pozos clandestinos en zonas de veda que provocan la intrusión salina y deterioro de la calidad del agua.

Sustentados en los Acuerdos de Escazú firmados por México, solicitamos un cese a la criminalización de las personas defensoras del agua y medio ambiente en el territorio nacional. En particular que el nuevo gobierno de Yucatán, en un acto de justicia, buen gobierno y de compromiso con el pueblo maya, cese el hostigamiento judicial y se cancelen los procesos judiciales contra los defensores del agua y el territorio de la comunidad de Sitilpech, el comisario municipal Wilbert Nahuat de Santa María Chi y Luis Chuc de Motul, en el estado de Yucatán; y cese a la criminalización de las mujeres y hombres de Hunucmá del grupo promotor de la Contraloría del Agua por la empresa avícola Bachoco. De igual manera demandamos el esclarecimiento a fondo de las responsabilidades por los asesinatos de Álvaro Arvizú, Jorge y Alberto Cortina Vázquez, Samir Flores, Noé Salomón Vázquez Ortiz, Manuela Solís e Ismael Solorio entre otros, castigando expeditamente a todos los implicados.

Hoy ponemos en marcha la Contraloría Nacional Autónoma del Agua con el fin de enfrentar los retos asociados con las crisis del agua y avanzar en la construcción ciudadana de un buen gobierno del agua en nuestras regiones. Para ello demandamos una nueva Ley General del Agua con visión amplia de los derechos humanos y colectivos y nos oponemos a reformas y enmiendas de la actual Ley de Aguas Nacionales, por su inviabilidad en términos sociales y ambientales e incapacidad para resolver los problemas y crisis del agua en el país.